Transporte y trapitos en la próxima sesión del HCD

El transporte público y el ordenamiento del espacio público, en el centro del debate legislativo

El Concejo Deliberante volverá a sesionar el próximo miércoles 30 de mayo, tras la reunión de Labor Parlamentaria programada para el martes 29, en un encuentro en el que se prevé un intenso debate sobre temas clave para la ciudad.

El eje central de la jornada será, una vez más, la situación del transporte público de pasajeros. Ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, el cuerpo deliberativo evalúa dos alternativas inmediatas: la aprobación de una prórroga de la concesión actual o la declaración de la emergencia en el sector.

Respecto a la primera opción, se contempla otorgar una extensión del contrato por un plazo de seis meses, con vencimiento en los primeros días de marzo.

Esta iniciativa busca evitar que un eventual cambio de empresa concesionaria o un nuevo llamado a licitación —que pueda quedar desierto— coincida con el desarrollo de la temporada estival, un período sensible para la movilidad urbana.

Por otro lado, se analiza la posibilidad de declarar la emergencia en el transporte público. Para cobrar efectividad, esta medida requerirá la convalidación del Departamento Ejecutivo.

Desde sectores de la oposición señalan que esta herramienta otorgaría mayor operatividad al gobierno del intendente Arturo Rojas, al facultarlo a negociar de manera directa con la empresa prestadora, simplificando un proceso que de otro modo requiere la intervención y acuerdo de los 20 concejales distribuidos en ocho bloques políticos.

Debate por el uso del espacio público

Entre los asuntos a tratar, el bloque de La Libertad Avanza buscará ingresar al temario el proyecto de ordenanza orientado a regular y prohibir la actividad de los denominados “trapitos” o cuidacoches en la vía pública.

La propuesta prevé incorporar sanciones dentro del régimen de faltas municipales para quienes exijan sumas de dinero por el cuidado de vehículos o el lavado de parabrisas sin la previa solicitud del conductor.

Desde la bancada impulsora remarcaron que la medida no penaliza la presencia en la vía pública, sino la exigencia de un cobro coercitivo por servicios no contratados, tomando como antecedente normativas similares vigentes en otros distritos.